Subterráneo / La fiscalía del pasado

Es muy posible que el sexenio de Vicente Fox concluyera, al menos políticamente, en el momento en que olvidó que había prometido constituir una comisión de la verdad para juzgar los tristes sucesos del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71 y, en su lugar, decidera establecer una fiscalía.

Una comisión de la verdad pretende eso: aproximarse a la verdad tanto como le sea posible y para lograrlo renuncia de antemano a toda facultad punitiva. Fijar la responsabilidad de quienes ordenaron los hechos no los lleva a prisión. Se trata de un juicio moral, no de una condena jurídica. Las fiscalías, en cambio, no pretenden sino eso: precisar si el posible responsable merece o no un castigo. Su función no es revelar la verdad ni favorecer que el cuerpo social asimile su pasado, sino encontrar culpables. Para ellas no importa la verdad, sino las pruebas de culpabilidad o de inocencia.

Fox, por variar, se equivocó al seguir el consejo de Santiago Creel y crear una fiscalía para examinar los movimientos sociales y políticos del pasado. Era tonto creer que treinta y tantos años después de los sucesos iba a ser posible encontrar pruebas válidas de la responsabilidad de los supuestos responsables. Más de media docena de abogados a los que se invitó a dirigir la nueva fiscalía se rehusaron a hacerlo por honestidad profesional. El único que se atrevió a aceptar fue un abogadito de cuarta llamado Ignacio Carrillo Prieto. Hoy se sabe que lo hizo por el dinero.

SOSPECHAS El presupuesto de la nueva fiscalía era enorme y también su personal. Era necesario que lo fueran porque había que revisar cientos de miles de documentos y tomar el testimonio de cientos de personas. Establecida en diciembre de 2001, se tardó casi cuatro años en dar los primeros pasos.

Sólo que antes de que los diera empezaron a suceder cosas muy sospechosas. No tenía la nueva fiscalía un año de creada cuando dos agentes del MP adscritas a ella -María Antonieta Martínez Valdez y Evangelina Díaz Rodríguez-, denunciaron ante el procurador general que Carrillo Prieto las estaba obligando a alterar declaraciones de denunciantes y testigos y dar por buenas copias de documentos sin tener el original a la vista. Poco después, la encargada del archivo histórico de la fiscalía, Ángeles Magdaleno, renunció diciendo que no estaba dispuesta a seguir trabajando para un fiscal sin escrúpulos. Otro MP, César Osorio, hizo semanas después lo mismo por las mismas razones.

LOS HECHOS Las acusaciones se...

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