Suprema corte de justicia. Proceso electivo bajo nubarrones
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su presidente para los próximos cuatro años en medio de una confrontación de los poderes del Estado que comenzó con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Orador y su mayoría en el Legislativo.
Ante las pretensiones del oficialismo de reformar al Poder Judicial, el nuevo representante máximo de éste tendrá como primera tarea defender la autonomía e independencia de los jueces federales, aunque al mismo tiempo deberá de reducir y transparentar el gasto.
Los cuatro aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales al frente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de vigilancia y control de los más de mil jueces y magistrados federales, lo expresaron así en sus propuestas.
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dicen estar dispuestos a reducir el gasto del PJF durante los próximos cuatro años. Pero se les adelantó la Cámara de Diputados, que el lunes 24, en la aprobación del presupuesto para el próximo año, redujo en mil 700 millones de pesos los recursos para el Poder Judicial.
El más afectado fue el CJF, al que le redujeron mil 500 millones de pesos. A la SCJN le quitaron 124 millones y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) casi 68 millones.
La reducción tuvo una clara dedicatoria: los ministros de la Corte, cuyas percepciones mensuales superiores a medio millón de pesos han sido la bandera de López Obrador contra de "los privilegios del Poder Judicial", que también ha sido enarbolada por la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por el partido oficial, Morena.
Confrontación por salarios
Aún no están resueltas las controversias judiciales contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que tiene confrontados a los tres poderes en los tribunales y según la cual nadie en el servicio público debe ganar más que el presidente de la República.
Aprobado durante el gobierno de Felipe Calderón, ese mandato fue convertido en ley en septiembre pasado, con la llegada de la nueva legislatura de mayoría morenista. Conforme lo había fijado López Obrador, la norma estableció que el presidente de la República ganará 108 mil pesos mensuales netos, sin considerar prestaciones.
Los diputados no esperaron a la resolución de los juicios sobre la Ley de Remuneraciones y aplicaron a los ministros el principio constitucional aprobado hace nueve años, aunque la Constitución también prohíbe la reducción de los salarios durante su encargo.
Si bien tres de los 11 ministros llegaron a la Corte antes de esa...
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