La Suprema Corte meterá las manos al fuego
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Cuando Enrique Peña Nieto se perfilaba para terminar su gobierno con el caso Ayotzinapa "resuelto", con sentencias por secuestro y homicidio, un tribunal federal vino a desacreditar por completo las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y emitió una resolución que metió en un brete al Ejecutivo federal y al propio Poder Judicial de la Federación.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reyno-sa, Tamaulipas, puso de nueva cuenta el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la atención nacional e internacional, con una resolución sin precedentes que ahora está bajo interpretaciones encontradas sobre lo que puede pasar con el caso.
El gobierno federal busca la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la resolución del tribunal colegiado que en la práctica echó abajo la "verdad histórica" construida por la PGR. Su argumento es que los magistrados violaron la Constitución al emitir un fallo que fue más allá de lo impugnado: los alegatos de tortura de cuatro detenidos.
Expertos en derecho constitucional consideran que, por ser un amparo ya resuelto en revisión, se trata de una sentencia definitiva y que, por lo tanto, al gobierno de Peña Nieto no le queda otra más que cumplirla. Afirman que la SCJN tendría que negarse a intervenir en este momento porque técnicamente no hay manera de que lo haga. De hacerlo, sería más por motivos políticos y con un alto costo internacional, advierten.
En lo que coinciden es que, aun cuando se quiera dar cumplimiento a la sentencia del tribunal colegiado, podrían abrirse nuevas controversias judiciales si se alega el impedimento de alguna de las partes para hacerlo, como podría ser la apertura de los cuarteles militares, establecido por la resolución.
Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial" por parte de la PGR, "como lo exige la jurisprudencia de la Corte In-teramericana de Derechos Humanos (CoI-DH) y los protocolos de la Organización de las Naciones Unidas.
De manera unánime, el viernes 1 resolvieron que la PGR debe reponer el procedimiento en el caso de al menos 20 detenidos, quienes aseguran haber sido torturados, y le pidieron al Ejecutivo crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Para su funcionamiento, se consideró que debe solicitar recursos al Congreso.
Los magistrados justificaron en los siguientes aspectos su decisión de crear esa instancia: la documentación de graves violaciones a los derechos humanos en el proceso, como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; el hecho de que en México...
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