La situación en Tamaulipas exige ya la intervención de la CNDH
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
La crisis de inseguridad y violencia que se vive en diversos estados país, señaladamente en Tamaulipas, alcanzó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva. Dentro del Consejo Consultivo de la propia CNDH se busca que el ómbudsman nacional investigue las graves violaciones a los derechos humanos en ese estado, Michoacán y Guerrero, pues las tres entidades son consideradas las de mayores fallas por parte del Estado en cuanto a protección de personas.
En esas entidades, aseguran integrantes del Consejo Consultivo, se da el mayor número de violaciones a la dignidad humana como consecuencia de la pérdida de espacios del Estado a manos de grupos delictivos. Mencionan también al Estado de México, Morelos y Veracruz como otras regiones donde la CNDH debe realizar in-'° vestigaciones generales sobre la situación de los derechos protegidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.
Por ahora, en opinión de algunos miembros del Consejo Consultivo, la prioridad son Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En esos estados se pretende que la CNDH ejerza las funciones de investigación que realizaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Los ministros de la SCJN en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, y Mariano Azuela son ahora integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, cuya primera facultad es establecer los lineamientos generales de actuación del organismo.
El lunes 18, durante una reunión del Consejo Consultivo que preside Plascencia, ambos ministros pidieron que el caso de Tamaulipas sea investigado ya por la CNDH. Plascencia pospuso la discusión para el 8 de septiembre.
Como integrantes en su momento del pleno del máximo tribunal del país, Azuela y Ortiz tomaron parte en casi todas las discusiones en las cuales la SCJN investigó casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Así ocurrió con la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, de 1996; los enfrenta-mientos policiacos con movimientos sociales en Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en 2006, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad; la detención ese mismo año de la periodista y activista Lydia Cacho por órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el incendio de la guardería ABC, en 2009.
Con la facultad que le daba el artículo 97 de la Constitución, la SCJN realizó esas investigaciones por considerar que en tales hechos se habían cometido graves violaciones a la dignidad humana.
Pero esa facultad le fue transferida en 2010 a la CNDH por una reforma constitucional, y es a la que ahora apelan algunos miembros del Consejo Consultivo para que Plascencia investigue la presunta responsabilidad del Estado, por acto u omisión, en las violaciones a los derechos humanos en esas entidades, materializadas en ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, secuestros, desplazamientos de poblaciones o extorsiones.
Aunque esas violaciones son atribuidas en su mayoría a los grupos delictivos, el Estado no puede sustraerse de la responsabilidad en la pérdida del goce de los derechos de la población en dichas entidades, dice a Proceso...
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