Los "tarifazos" enardecen el descontento social
| Autor | Francisco Olaso y Juan José Subirá |
BUENOS AIRES.- "Esto no se puede manejar como una empresa; es un país donde la gente trabaja y tiene ganas de comer y de vestirse y no puede dejar de hacer las cosas importantes para seguir teniendo luz o gas", eleva su indignación frente a Proceso el analista programador Daniel Scarcella.
La renovada tanda de incrementos de tarifas impulsada por el gobierno desata fuertes críticas. Las expresiones de hastío social se extienden por las calles, los lugares de trabajo, las redes sociales. Incluyen cacerolazos, marchas con velas, apagones compulsivos.
"Es imposible que un servicio por el que hace dos años pagabas 300 pesos ahora cueste 2 mil", grafica el usuario.
El servicio de energía eléctrica para los hogares aumentó 18% en febrero. El gas aumentó en abril 32%. En mayo se prevé que el agua suba 26%. El transporte público sufrirá un incremento de 70% a lo largo de 2018. En los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la electricidad subió en promedio 560%; el agua, 330%, y el gas, 220%. El precio de los combustibles fue liberado. El cronograma de aumentos continuará al menos hasta 2019, de manera periódica, en el caso de la luz otro 25% en agosto, y en el del gas otro tanto en octubre.
A través de la quita de los subsidios y la liberación de las tarifas de servicios públicos el gobierno pretende alentar las inversiones en el sector energético. El sacrificio impuesto a la población no se traduce, sin embargo, en un crecimiento de las inversiones o en mejoras en el servicio. Por el contrario, los aumentos desmedidos alientan la inflación, erosionan el poder adquisitivo y generan cambios de hábitos en los consumos de la población, que implican un deterioro en la calidad de vida.
Los tarifazos castigan sobre todo a las clases media y media baja, que no pueden afrontar los pagos sin mermar otros consumos y tampoco aplican para ser beneficiarios de tarifas sociales. Se trata de sectores que en las dos últimas elecciones acompañaron al oficialismo y que ahora deben destinar -según un informe de la consultora privada Kantar World Panel-de 20 a 25% de sus ingresos al pago de los servicios públicos.
Las restricciones implican para la clase media dejar de comer afuera (43%) o salir de vacaciones (22%), mientras que los más pobres reducen la calidad de los productos consumidos (30%) y gastan menos en productos de limpieza (22%).
Otro informe, esta vez de la Universidad Nacional de Avellaneda, asume que la carga de los servicios públicos pasó a...
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