Las tensiones culturales en el Porfiriato (Segunda y última parte)
| Autor | Jorge Sánchez Cordero |
La Constitución de 1857 pudo sistematizar gran parte de las aspiraciones e ideales del liberalismo de la época, y proclamó a la República como representativa, democrática y federal. No obstante ello, el régimen de legalidad de los bienes y sitios arqueológicos no encontró una respuesta adecuada en ese modelo federalista. La controversia constitucional estribaba en dirimir si la Federación o las entidades federativas eran las competentes para legislar en la materia. Más importante aún, la decisión cultural fundamental que obvió el Constituyente de 1857 consistía en resolver si eran la Federación o las entidades federativas las que debían tener la guarda y custodia de la memoria colectiva mexicana.
Esta controversia se perpetuó en la Constitución de 1917 y su debate continuó durante buena parte del siglo XX, hasta la reforma constitucional de 1966 (Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1966).
La agenda cultural, empero, no se agotaba ahí; el país requería de una noción estable respecto a la propiedad privada para su desarrollo. Por primera ocasión se introdujo en un texto constitucional el respeto irrestricto de la propiedad privada como uno de sus principios básicos (Artículo 27). Ciertamente, todo Estado nacional debe tomar decisiones que hagan viable su comercio y le den certidumbre; el régimen de la propiedad privada y la regulación de su tráfico son algunas de ellas.
Esta nueva normativa, a la par de otras medidas correlativas, le dieron un impulso a la economía mexicana, de tal forma que en el Porfiriato México pudo experimentar un crecimiento significativo, que terminó a finales del siglo XIX y principios del XX con la baja continua de la plata amonedada en su valor en oro. La bonanza logró atemperar la subversión de los fundamentos de la Constitución de 1857 y el confinamiento paulatino del sistema político.
La decisión del Constituyente de 1857, sin embargo, rivalizó con el régimen jurídico de los bienes culturales, que respondía y sigue respondiendo a una racionalidad diferente. Esta colisión de órdenes jurídicos dominaría también el debate sobre bienes y sitios culturales, fundamentalmente arqueológicos, y encontraría un principio de solución hasta bien entrado el siglo XX.
Poco antes del inicio de este bienestar económico, Ignacio M. Altamirano, un liberal guerrerense de origen indígena, fundó en enero de 1869 el periódico El Renacimiento, desde el cual promovió el más vigoroso movimiento de nacionalismo cultural criollo de la época en un entorno que le era especialmente desfavorable: el analfabetismo alcanzaba al 77% de la población. Esta efervescencia, por lo tanto, se agotó indefectiblemente como un movimiento de élites.
El modelo cultural impulsado por Altamirano, a pesar de sus denuedos por reafirmarlo como un movimiento nacionalista cultural, resultó irrefragablemente amorfo. Este ambiguo nacionalismo criollo y la formación eurocéntrica de la élite mexicana dominaron el debate de los bienes arqueológicos en el Porfiriato.
La narrativa del modelo cultural desarrollada por las mentes ilustradas resultó por lo tanto divergente y en algunos casos contradictoria. El mérito de Altamirano, empero, es indiscutible: fundó ese espacio de reconciliación nacional, en donde pudieron coexistir las mejores plumas provenientes de toda clase de ideologías.
La gestación del patrimonio cultural mexicano
El pillaje de bienes culturales precolombinos y las excavaciones en los sitios arqueológicos durante el siglo XIX fue una constante en el país, aun cuando desde 1827 en el Arancel para las aduanas marítimas y de fronteras de la República Mexicana se había prohibido la exportación de monumentos y antigüedades mexicanos bajo pena de decomiso.
A esta legislación se recurría constantemente en el debate sobre el régimen de bienes arqueológicos en el Porfiriato. Las ricas colecciones de objetos prehispánicos en los principales museos europeos y estadunidenses de la época contradicen la eficacia de aquella disposición plétora de buenos propósitos (Alfredo Chavero).
En el mismo siglo, el Estado promulgó una serie de acuerdos, decretos y circulares que gravitaban en torno a la protección del patrimonio cultural arqueológico en escenarios muy complejos, constreñidos constantemente por las vicisitudes políticas.
Esa época registró una reiteración de eventos desafortunados de pillaje y abandono del patrimonio cultural prehispánico. Las denuncias al respecto se recolectaron en periódicos tanto conservadores como liberales. Por sí solas, esas delaciones reflejaron la emersión gradual de una conciencia social de élite sobre la necesidad de salvaguardar el patrimonio histórico y artístico de México (Clementina Díaz y de Obando).
Concomitantemente con el pillaje, sobresalen descubrimientos como el del fotógrafo y arqueólogo aficionado británico Augustus Le Plongeon (1825-1908), quien con su esposa, Alice Dixon...
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