Tlatlaya y Ayotzinapa, las dos herencias
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Este centro representa a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como a Clara, una sobreviviente de la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida en junio de 2014.
Emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, ambos casos ocurrieron en la administración de Enrique Peña Nieto, quien dio continuidad a la militarización de la seguridad pública impuesta por Felipe Calderón, que se mantiene en la actualidad.
En entrevista con Proceso, Aguirre Espinosa hace un breve recuento de la administración de Cienfuegos Zepeda en materia de derechos humanos, tras haber interactuado frecuentemente con la institución castrense por la defensa de los casos.
"Lo que observábamos era a un general secretario muy desconfiado de la vida civil, muy renuente a los controles externos sobre las Fuerzas Armadas; era un defensor a ultranza de la relativa autonomía que deberían tener las fuerzas castrenses.
"Pese a la reforma para acotar el fuero militar, se distinguió por defenderlo, cuestionando las atribuciones de los civiles para investigar y, en su caso, juzgar a elementos de las Fuerzas Armadas que incurrían en violaciones a derechos humanos; es decir, no fue una gestión abierta al escrutinio externo ni una gestión caracterizada por el respeto a derechos humanos", apunta el abogado.
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que al menos 22 de 138 recomendaciones dirigidas por el organismo a la Sedeña corresponden a hechos ocurridos durante la gestión de Cienfuegos Zepeda.
Las 22 recomendaciones -cinco son por violaciones graves a derechos humanos, entre las que están los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa- están relacionadas con 110 agraviados, 31 víctimas de ejecuciones arbitrarias y 20 por tortura.
Aguirre Espinosa advierte que el comportamiento de Cienfuegos Zepeda en materia de derechos humanos es la tendencia que siempre han tenido los titulares de la Sedeña, sobre todo a partir del uso de las fuerzas castrenses en la seguridad pública.
Y resalta: "La renuencia del Ejército a rendir cuentas y a someterse a controles civiles externos es estructural y viene desde hace décadas, y tiene distintos episodios, tanto en casos de corrupción como en los de violaciones a derechos humanos; desde las graves violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Sucia, hasta las cometidas durante...
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