Con todo en contra, las FARC buscan la vía electoral
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- En su peor momento desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia) decidió cambiar de nombre: ahora se llama Comunes.
Lo hizo como parte de un proceso de transición que apunta a convertir a la antigua guerrilla marxista -la más poderosa que ha existido en América Latina- en una organización política conectada con la sociedad colombiana del siglo XXI, electoralmente competitiva y fiel al ideario social que le dio origen.
Y esto debe hacerlo en un escenario particularmente adverso en el que confluyen la resistencia del derechista presidente Iván Duque a implementar el acuerdo de paz, la intención manifiesta del gobernante partido Centro Democrático de hacer "trizas" ese pacto y la matanza sistemática de exguerrilleros (se cuentan siete asesinados este año).
También está el descrédito de las FARC entre amplios segmentos de la sociedad colombiana tras décadas de secuestros y asesinatos de civiles, y las divisiones internas en el partido político creado en 2017, luego de dejar las armas.
El hoy Partido Comunes, que adoptó ese nombre en una asamblea extraordinaria realizada del 22 al 24 de enero en forma semipresencial, tiene un largo camino que recorrer para superar los enormes obstáculos que le plantea su participación en la política legal y para remontar su alta imagen negativa.
El 83% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de ese grupo, según una encuesta de la firma Invamer-Gallup del mes pasado.
La apuesta del cambio de nombre está ligada a los comuneros agrícolas que se alzaron en armas con las FARC; a los "comunes", el adjetivo y sustantivo del que se derivó el término "comunistas", y al objetivo de la organización de defender los intereses de la gente común.
Cuentas ante la justicia
El 28 de enero, unos días después de adoptar el nombre de Comunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz, acusó de crímenes de lesa humanidad a ocho excomandantes de las FARC reincorporados a la vida legal.
Entre los acusados figuran el líder máximo del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, Timochenko; los senadores Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, y el encargado del proceso de reincorporación, Pastor Alape.
La decisión de la JEP, una institución atacada desde su nacimiento por el gobierno de Duque y la ultraderecha colombiana, y la sentencia que se derivará de ella, no serían necesariamente malas noticias para las antiguas FARC, porque al tratarse del primer proceso por crímenes de lesa humanidad de la JEP, este tribunal -avalado por la Corte Penal Internacional y la ONU-demostraría que puede producir verdad y justicia para las víctimas de la exguerrilla.
Pero la futura sentencia, que no...
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