La torcida justicia de la PGR

AutorPatricia Dávila

El sistema de justicia penal mostró su peor rostro en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Aún no concluía su administración cuando los casos que tanto había presumido el panista comenzaron a desplomarse por falta de solidez jurídica y por violaciones al debido proceso.

En cinco años de calderonismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que desistirse en más de medio centenar de denuncias por expedientes mal integrados y otras anomalías, así como por el abuso de testigos protegidos, fabricación de culpables, manipulación de casos por funcionarios de primer nivel y abuso de la prisión preventiva.

La autoridad también trompicó por violaciones al principio de tipicidad por parte del Ministerio Público (acusaciones que no correspondían con el delito realmente indagado), falta del conocimiento directo de los casos por parte de los jueces, manipulación de los casos por parte de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de Marisela Morales Ibáñez, la última procuradora de Calderón. Acciones emblemáticas del mandatario panista se derrumbaron una tras otra, bien durante su sexenio, bien durante el actual. Como ejemplos están la Operación Limpieza; el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIE-DO); la Operación Cancún; elmichoacanazo; la desarticulación de la banda de secuestradores Los Zodiacos (a la que supuestamente pertenecía la francesa Florence Cassez), y los procesos contra militares de alto rango como el general Tomás Ángeles Dauahare -detenido por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Bel-trán Leyva.

Casos como el de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal; el de Griselda López Pérez, expareja de Joaquín Guzmán Loera -líder del Cártel de Sinaloa-, y el del exalcalde tijuanense Jorge HankRhon evidenciaron también las fallas sistémicas en la impartición de justicia durante el gobierno calderonista.

El 18 de abril último, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció una investigación contra el testigo protegido Jennifer y los funcionarios que incurrieron en la "fabricación" de pruebas y "manipulación" de testimonios utilizados en la Operación Limpieza y en el caso del general Ángeles Dauahare.

Por esas razones llamó la atención el nombramiento de la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez como cónsul de México en Milán, Italia, en mayo pasado.

Para Javier Ulises Oliva Posada, especialista en seguridad nacional y narcotráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sexenio calderonis-ta estuvo marcado por un "uso de recursos judiciales con fines políticos". Éste, dice, "es un punto crítico que caracterizó a esta administración. Por eso les fue imposible sostener muchos casos legalmente".

Oliva también critica el "uso desproporcionado" de los testigos protegidos: "En México basta con la palabra incriminatoria de un narcotraficante para enjuiciar a una persona -dice-. Hoy, en la PGR, una llamada o un escrito anónimo tiene mayor credibilidad. Es tal la incapacidad de investigación de las policías que las denuncias anónimas se convirtieron en un pilar fundamental para rescatar secuestrados, detectar casas con acopio de armas, dinero y drogas".

Las fallas en la PGR se manifestaron desde 2008, precisamente cuando el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, detectó que la dependencia estaba infiltrada...

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