En torno a "Banco Azteca y las tarjetas Bienestar: Un contrato millonario con dinero destinado a los pobres"
Señor director:
Cabe resaltar que en este nuevo intento por afectar la reputación de Grupo Salinas y de su presidente, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, su colaborador recurre a argumentos no sólo faltos de todo rigor periodístico, sino enteramente sesgados y falaces que revelan, además, un profundo desconocimiento sobre la materia y atacan el esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y las instituciones financieras para acercar apoyos sociales a millones de mexicanos.
Su colaborador miente a los lectores al omitir el hecho de que otras instituciones financieras privadas que participan en la dispersión de fondos de los programas sociales, también cobran contraprestaciones por estos servicios; en el caso de otros bancos, a diferencia de la que cobra Banco Azteca, tal cobro es incluso más elevado por la dispersión de ciertos programas.
De haber llevado a cabo una investigación objetiva, el autor daría cuenta de que realizamos más de 20 millones de transacciones de pago y retiro para dispersar los recursos de los programas sociales, y que ello genera a Banco Azteca altos costos de operación, traslado y resguardo de efectivo, entre otros. Por tanto, el dinero que recibe como contraprestación apenas cubre una parte de los gastos en los que se incurre para poder realizar dichas dispersiones.
Su revista miente también cuando asegura que Banco Azteca puede cobrarse "a lo chino" créditos de Elektra, puesto que en el mismo contrato de adhesión se especifica que las Cuentas Bienestar están exentas de cobros de comisiones propias del banco y/o de créditos preexistentes. Más aún, a diferencia de otros bancos, Banco Azteca no cobra comisiones a los beneficiarios ni exige un saldo promedio mensual o mínimo para que estas cuentas se mantengan activas.
Derivado de un grave desconocimiento -o por absoluto dolo-, Álvaro Delgado cuestiona que Banco Azteca reciba las bases de datos de los beneficiarios por parte de las dependencias del gobierno, aún y cuando así sucede con todos los bancos que participan en la dispersión de apoyos. Peor aún, deja de lado que los datos personales de los beneficiarios están sujetos a las regulaciones de secreto bancario, así como a las correspondientes a la protección de datos personales, y únicamente son utilizados para validar la identidad de quien cobra.
En todo caso, valdría la pena que el señor Delgado compartiera con las autoridades e instituciones financieras sus ideas sobre cómo asegurar que los beneficiarios...
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