La tortura, evidente en los expedientes oficiales
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le bastó sistematizar la documentación sobre "integridad física" y "mecánica de lesiones" de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para inferir que la tortura fue el método de "investigación" utilizado por el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para construir la "verdad histórica".
Impedidos de interrogar durante su segundo periodo a los procesados por la desaparición de los jóvenes, los miembros del GIEI establecieron una metodología para determinar la prevalencia de los malos tratos en una muestra de 17 de los 123 detenidos, a partir de la revisión minuciosa de cada una de las certificaciones médicas a las que fueron sometidos los acusados desde su detención hasta su ingreso a penales federales, donde aún se encuentra la mayoría. De la revisión del Informe Ayotzinapa II, presentado el pasado 24 de abril, se desprende que el estudio realizado por el GIEI es producto de un análisis especializado, llevado a cabo por integrantes del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Copenhague, Dinamarca.
El IRCT concluyó que existen "indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, indicios que deberían haber desencadenado una investigación conforme con los estándares de diligencia establecidos por la normativi-dad internacional de protección de los derechos humanos".
El 24 de abril, luego de que el GIEI rindiera su último informe -al que no asistieron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto pese a que estaban invitados-, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Betanzos, leyó un comunicado en el cual sostenía, entre otras cosas, que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, había iniciado "seis averiguaciones previas relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones".
Aunque Betanzos aseguró que las indagatorias se iniciaron por "iniciativa de la propia institución", en su informe el GIEI señala que "en los casos en los que el detenido refirió ante el Ministerio Público (MP) haber sido torturado, dicha declaración no fue evaluada siguiendo los estándares internacionales como mecanismo de investigación ni prevención, y no se incluye...
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