El transgénico de la discordia

AutorJesusa Cervantes

El gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de las grandes tras-nacionales que producen maíz transgenico. Busca que un magistrado federal levante la restricción de siembra comercial y permita a las empresas inundar 2 millones de hectáreas del norte del país con semillas modificadas.

Algunas de las compañías que buscan ser beneficiadas son Monsanto, Dow Agro-Sciences de México, PHI México y Sygenta Agro.

El pasado 17 de septiembre, el Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal aceptó la demanda de "acción colectiva" promovida por 50 personas morales y 20 organizaciones sociales. Resolvió otorgarles una "medida precautoria", que significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgenico por parte de las autoridades federales.

La decisión en favor de la colectividad -representada por Adelita San Vicente Te-llo, directora de la fundación Semillas AC, y Rene Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC- fue notificada a las secretarías federales de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat) el 3 y el 4 de octubre. Sus titulares, Enrique Martínez y Martínez y Juan José Guerra Abud -cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal- ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra. Así lo demuestran documentos cuya copia tiene este semanario.

Se trata de dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno. La Sagarpa presentó el suyo el miércoles 9 y la Semarnat lo hizo al día siguiente, ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito. Demandan "revocar" el congelamiento de los permisos.

Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta la restricción de sus facultades para regular este tipo de actividades.

Después de ver las apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, Rene Sánchez Galindo, acusa al gobierno de litigar en favor de las citadas empresas. A su vez, la representante de la acción colectiva, San Vicente Tello, ofrece datos que exhiben los vínculos que hay entre exempleados de las trasnacionales y quienes durante el sexenio de Felipe Calderón (PAN) o de Peña Nieto (PRI) han ocupado posiciones en órganos clave para autorizar permisos, ya sea en las etapas experimental, piloto o de siembra.

Contra el fallo

En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de la Sagarpa, Mireille Roccatti Velázquez, se afirma que el juez "no observó" los artículos 219, 222, 610 y 611 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En particular, que antes de dictar la medida precautoria el juzgador debía "dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitara opinión de órganos competentes".

Añade en su página 6: "Ese tribunal de apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a la medida precautoria no se observa que haya...

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