Transparencia, democracia y memoria colectiva. Segunda parte y última
| Autor | Jorge Sánchez Cordero |
No es de extrañar por lo tanto que cuando ese país retoma la democratización institucional, asume el liderazgo europeo en la informatización de sus archivos. La razón es clara: a través de éstos, la memoria colectiva vindica a todas las personas estigmatizadas por la ideología franquista, que dogmatizaba su paso por la historia.
Algunos documentos de esa etapa permanecen aún en los acervos de los organismos públicos; sin embargo, bajo la tutela del Ministerio de Cultura se han creado tres resguardos del periodo: el Archivo General de la Administración, el Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo Histórico Nacional, situados respectivamente en Alcalá de Henares, en Salamanca y en Madrid.
En el primero se contienen los documentos de las instituciones franquistas, como fueron los sindicatos verticales y el secretariado general del movimiento falangista. Más aún, se pueden consultar los expedientes de los condenados a muerte y de aquellos a quienes se les daba el beneficio de la libertad condicional, pero también los de libros, películas y de otras actividades artísticas fuertemente censuradas.
El Centro Documental de la Memoria Histórica no es menos importante; en él se concentran los fondos, entre otros, de los Archivos del Tribunal de Cuentas, del orden público y los de responsabilidad política y, lo más importante, los de la Causa General, al mando del infausto Eduardo Aunós.
Estos últimos fondos -no se requiere de mucha imaginación para poder entender su verdadero cometido- fueron creados por un decreto de abril de 1940 y tenían el mandato de documentar los crímenes cometidos en España durante la dominación roja; sin embargo, continuaron bajo resguardo del Tribunal Supremo y su consulta estaba totalmente vedada.
Pese a su traslado a los Archivos Históricos Nacionales, el acceso a los fondos mencionados se mantuvo restringido. No fue sino hasta la promulgación de la ley 16/85 del patrimonio histórico cuando se permitió su consulta al considerarlos como parte del legado cultural español. A partir de 2008 puede accederse a ellos en línea sin restricción alguna en el portal PARES.
De aquel aciago periodo español hay faltantes documentales importantes. Entre los más señalados están los relativos a las lúgubres prisiones franquistas de Carabanchel y la Concordataria de Zamora, dependientes del Ministerio del Interior. Los grandes ausentes son también los fondos de los transterrados, como llamaba José Gaos a los exiliados. Estos archivos empero se hallan dispersos como una diáspora en toda América Latina (Carmen Sierra Bárcena).
La política archivista española demuestra cómo sin una memoria consultable el Estado pierde en eficacia y en continuidad, y por lo tanto en legitimidad. El pasado no puede ser privilegio de unos cuantos; es el patrimonio de la sociedad.
Para dimensionar las virtudes de la memoria nacional, ésta debe ser depurada y la única forma de acrisolarla es mediante el escrutinio público. En este proceso la dimensión patrimonial del archivo cobra gran relevancia. Configurar la memoria colectiva es una necesidad política y cultural, ya que es parte esencial de la sociedad.
La preservación y la comunicabilidad de los archivos ponen en salvaguarda una memoria colectiva que debe entenderse como imprescriptible, portadora de identidad y de certidumbres. Los archivos tienen como vocación transformar la memoria en historia; no obstante, para el entendimiento de la historia es indispensable la propedéutica del presente. No se trata de inferir lecciones de la historia, sino saber y comprender qué es la nación y cuáles son sus intereses.
Los archivos son un medio irremplazable de rememoración del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba