Transparencia y rendición de cuentas. México: ¿Estado corrupto? (II y última)
| Autor | Arturo González De Aragón O. |
México es un país que tiene una ciudadanía con profundos valores éticos y morales: Es una sociedad trabajadora y esforzada, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) somos el pueblo más trabajador entre los miembros de la misma: Laboramos en promedio casi 10 horas al día (595 minutos) en tanto que los alemanes son los que menos trabajan -siete horas diarias- pero son los que más valor crean.
México está haciendo esfuerzos para combatir la opacidad, pero no son suficientes. El pasado 20 de septiembre el país firmó junto con Estados Unidos, Brasil, Noruega, el Reino Unido, Su-dáfrica, Indonesia y Filipinas, la Alianza para el Gobierno Abierto con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. Las naciones firmantes deben presentar un plan de acción con compromisos a desarrollar en 2012. México asumirá cuatro compromisos: aumentar la integridad pública, hacer eficiente el manejo de recursos públicos, incrementar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos.
La realidad insiste en negar los compromisos que asume el gobierno federal. En el seminario organizado el mes pasado por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se invitó a los partidos políticos a comprometerse con la rendición de cuentas, como actores indispensables para robustecer las normas en la materia. Se pidió a sus dirigentes proponer formas de rendición de cuentas también en la VIII Semana Nacional de Transparencia celebrada del 7 al 9 de septiembre pasado. La mayoría de los dirigentes no asistieron a la mesa programada.
En casa del herrero, azadón de palo. Pareciera increíble, pero en el palacio de la transparencia, el IFAI, las sesiones del consejo son privadas. Por un principio elemental de congruencia todas las sesiones del pleno de ese instituto y todos los recursos de revisión deberían ser públicos. Se debe predicar con el ejemplo.
En materia de elecciones uno de los delitos mas preocupantes que se está presentando y del cual no se conoce su verdadera dimensión es el denominado turismo electoral, que consiste en trasladar personas de otras entidades federativas al lugar en el que se llevan a cabo comicios.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en las elecciones de 2010 se detectaron casos de traslado masivo de personas de Morelos y San Luis Potosí a Veracruz, con credenciales de elector con domicilios falsos, para votar y alterar los resultados. Casos similares se han detectado en Chihuahua, el Estado de México, Hidalgo y Tabasco.
El fenómeno de turismo electoral no se tiene cuantificado y ha tomado dimensiones masivas en los últimos comicios, pues se altera de forma ilícita el Registro Federal de Electores, lo que lo convierte en un delito muy grave. Este es otro de los casos en los que la falta de transparencia afecta seriamente el estado de derecho en el país.
Por otra parte, en materia gubernamental, no disponer de una contabilidad patrimonial ha generado que no se cuente con registros del patrimonio nacional, con inventarios integrales del mismo ni mecanismos apropiados para su control y preservación, propiciando prácticas corruptas que implican un elevado riesgo de la desaparición de los activos.
No llevar registro, control y resguardo de los activos adquiridos en los tres niveles de gobierno ha provocado en muchos casos que al término de cada administración se pierdan los bienes patrimoniales, debido al abuso de muchos servidores públicos deshonestos. Cuántas veces hemos visto que al terminar las gestiones de gobierno desaparecen inmuebles, muebles, archivos, computadoras, vehículos, obras de arte y tantos y tantos bienes que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos.
Con el apoyo de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2008 se aprobó finalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en vigor a partir del 1 de enero de 2009, obligatoria para los tres niveles de gobierno y con efectos plenos para 2012.
La aprobación de esta ley hará posible la integración de las operaciones y su inclusión uniforme a la cuenta pública, cubrirá requerimientos de información transparente a los ciudadanos y hará viable la preservación del patrimonio público y el proceso de fiscalización superior.
Faltan sanciones
Muchos de los males que acontecen en el país ahora los conocemos gracias a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización que llevan al cabo el IFE, el IFAI, la...
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