A trasmano, las nuevas leyes acotan los derechos ciudadanos

AutorJorge Carrasco Araizaga

En aras de garantizar el negocio de los nuevos actores en el sector energético, el gobierno de Enrique Peña Nieto encontró en las leyes secundarias un camino para la limitación de derechos de los ciudadanos aun sin recurrir al estado de excepción.

Bajo el principio de que la exploración y explotación de los hidrocarburos y el suministro eléctrico pueden ser afectados por alteración del orden público, el Congreso avaló la propuesta presidencial para que el gobierno federal tome de forma temporal el control de los bienes y equipos necesarios para garantizar el negocio de los nuevos actores privados nacionales e internacionales

Las leyes secundarias de la reforma energética siguieron la misma vía establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todas aprobadas durante el actual periodo extraordinario de sesiones, para introducir salvaguardas ante la posibilidad de protestas sociales en contra de las empresas.

Al margen de las materias de que se ocupan, las grandes reformas de Peña Nieto han ido estableciendo facultades que permiten al gobierno federal la restricción o suspensión de facto de derechos, asegura Victoria Livia Unzueta Reyes, doctora en Estudios Políticos y Euroamericanos por la Universidad de Turín, y asesora del grupo parlamentario del PRD en seguridad nacional y de fuerzas armadas en la Cámara de Diputados.

Esta tendencia inició desde la reforma política, siguió con la reforma en telecomunicaciones y ahora con las leyes secundarias de la reforma energética; las tres con el mismo propósito del Ejecutivo de limitar los derechos ciudadanos sin ningún contrapeso por parte de los otros poderes, dice la especialista a Proceso.

La misma advertencia la han hecho una decena de organizaciones no gubernamentales, que además se oponen a la regulación del artículo 29 de la Constitución en el caso de los estados de excepción en los términos que propuso Peña Nieto en octubre pasado, que, según consideran, pasan por encima de los estándares internacionales en derechos humanos.

En "Control del Espacio Público, informe sobre retrocesos en la libertad de expresión y reunión en el actual gobierno", publicado en abril pasado, las organizaciones aseguran que las reformas estructurales de Peña Nieto están diseñadas para criminalizar de manera indirecta la protesta social.

La reforma energética promulgada el 20 de diciembre del año pasado estableció en su artículo octavo transitorio: "Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica... se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquéllas".

Esta disposición implica que las actividades relacionadas con la producción de energía está protegida en un nivel...

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