La ¿última? traición de Calderón
| Autor | Marcela Turati |
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señala la emergencia: si en este momento no se publica la Ley General de Víctimas (LGV) que la Presidencia “vetó”, el Estado no se responsabilizará por los daños de la guerra contra el narcotráfico y quedarán al garete los 70 mil muertos, los 20 mil desaparecidos, los cientos de miles de desplazados, los miles de huérfanos, viudas, heridos, familias rotas y comunidades sin paz.
Esta ley, dice en entrevista Javier Sicilia, fundador del movimiento, “la secuestraron, midieron los tiempos y usaron a las víctimas de carne electoral; y el mismo 1 de julio, cuando ven perdidas las elecciones, la mandan de regreso al Congreso, contraviniendo plazos e insultando a las víctimas, despreciando el trabajo de los legisladores, de los expertos de la UNAM y del Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales). Esta es una gran traición del presidente, que no quiere asumir la deuda del Estado con las víctimas".
El también colaborador de Proceso critica: "Como (Calderón) no quiso vetar la ley durante el proceso electoral, la secuestró por 20 días y esperó a que pasaran las elecciones para vetarla. Tal parece que quieren reventar la ley: primero cometió una falta flagrante a la Constitución y a los tiempos que marca, es la palabra empeñada del presidente, y la regresan en un momento tan tenso y delicado, después de las elecciones, cuando las cámaras no están sesionando... y cuando sesionen entrarán los nuevos".
La tormenta se desató el 1 de julio, cuando el Poder Ejecutivo, con el argumento de que la LGV requiere ser mejorada antes de su promulgación, la devolvió al Poder Legislativo. Esto, a pesar de que fue aprobada el 30 de abril y tenía 30 días para promulgarla o 10 más para hacerle observaciones.
El Ejecutivo argumentó que el Congreso no tiene facultades para decretar una ley de carácter general que distribuya competencias entre los niveles de gobierno; que la LGV es incompatible con otras legislaciones y con el sistema de atención a víctimas ya existentes; que su im-plementación tendría alto costo; además de que libra a los gobernadores, presidentes municipales y delincuentes de sus responsabilidades hacia las víctimas, y carga todos los costos al gobierno federal.
"Si tienen dinero para la guerra, ¿cómo no van a tener? Si gastaron en monumentos suntuosos, como la Estela de Luz, de mil millones de pesos, o en estas elecciones de la ignominia, que costaron 25 mil millones, y todo lo demás que no reportan... Es indignante que estén fijándose en los costos. ¡Eso se llama saduceísmo, miseria, mezquindad!", señala.
"Hay una deuda del Estado que decretó una guerra, y si quieren que pague el delincuente pues que lo agarren. ¡Hay una responsabilidad del Estado por falta de justicia, porque hay 98% de impunidad!", continúa el poeta, que alzó la voz contra la estrategia de la guerra a raíz del asesinato de su hijo el 26 de marzo del año pasado.
Guadalupe Pérez Rodríguez, quien era secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando se realizó el trámite de envío de la LGV, calificó como una falta de respeto a las víctimas y una "chicana" lo que hizo el Ejecutivo, ya que por excederse en los plazos es violatorio de la Constitución.
"Es completamente irregular lo que ha pasado, una violación constitucional. Debe haber un respeto absoluto a las...
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