Las universidades jesuítas y el México de hoy
| Autor | Luis Arriaga Valenzuela, S.J./Mario Patrón Sánchez |
A un año del inicio del nuevo gobierno, hemos decidido correr el riesgo de hacer pública una mirada sobre el presente y el futuro de México. Ante la compleja conflictividad de nuestro tiempo, las universidades jesuítas no pueden asumir una actitud de acomodo oportunista ni tampoco pueden recurrir al enjuiciamiento fácil inspirado por una supuesta superioridad moral. Por eso, con las ideas que vienen enseguida, queremos reivindicar nuestra vocación de análisis y discernimiento ante la incertidumbre, así como responder a la opción decidida por la Compañía de Jesús de ponerse al lado y al servicio de los que más sufren, y procurar ser instrumentos eficaces para transformar las condiciones que impiden a las mayorías vivir dignamente.
Luces
Primero, resulta justo ponderar que la actual distribución del poder político en nuestro país es resultado de la decisión de un amplio sector de la sociedad de rechazar un proyecto económico-político que durante al menos las últimas tres décadas profundizó las desigualdades sociales y se mantuvo en el poder gracias a la institucionalización de la corrupción y la impunidad. Dicho proyecto tuvo un alto costo para la mayoría de la población, sometida hasta la fecha a condiciones de inseguridad personal y precariedad.
No obstante, es preciso señalar que esa orientación del voto en favor de Andrés Manuel López Obrador, si bien incontrovertiblemente mayoritaria, no corresponde a una filiación ideo-lógico-partidista bien definida y estable, ni es expresión de la totalidad de las lecturas y proyectos de país que constituyen el complejo entramado de nuestra sociedad. A lo largo de estos meses, algunos han resultado evidentemente afectados en sus intereses y privilegios; otros, a pesar de coincidir con el presidente en el diagnóstico, han expresado su disenso en lo concerniente a las vías y formas de impulsar la urgente transformación del país.
Propios y extraños reconocen que el presidente y buena parte del equipo del gobierno federal tienen una genuina preocupación por hacer de México un país más justo. En las últimas décadas es probable que no haya habido una administración que tuviera en tan alta prioridad a la justicia social. Esta intención, en un país con la mitad de la población en pobreza y señalado como uno de los más desiguales de la OCDE -junto con Sudáfrica y Costa Rica-, no es asunto menor. La suprema gravedad de la condición de asimetría en nuestro país se ilustra crudamente en el hecho de que, de acuerdo con el recién publicado informe de Oxfam México, las seis personas más acaudaladas tienen más riqueza que el 50% más pobre. Resulta no sólo pertinente sino imperativo avanzar en la instrumentación de medidas de redistribución de la riqueza en nuestro país.
Se han implementado políticas orientadas hacia la justicia social -Jóvenes Construyendo el Futuro, Insabi, pensión para adultos mayores- y el gobierno argumenta que pronto se verán los beneficios. Sin embargo, las preguntas cruciales tienen que ver con la sostenibilidad de este esfuerzo: ¿cómo se garantizarán a futuro los recursos para...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba