Una "venganza genocida"
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- En medio de la pandemia de covid-19, Colombia vive la peor etapa de un fenómeno de violencia sistemática y selectiva contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los victimarios -terratenientes, para-militares, narcotraficantes y sus aliados políticos- tienen dos objetivos en común: evitar que los acuerdos de paz con las FARC lleguen a los territorios y sembrar el terror entre los líderes comunitarios involucrados en su implementación.
Sólo entre el 1 de enero de este 2020 y el pasado 26 de julio fueron asesinados 171 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, casi seis a la semana en promedio, cifra superior en 20% a la registrada en el periodo correspondiente de 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Además, entre el 1 de enero y el pasado 13 de julio cayeron 36 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a vida civil. Más de cinco al mes, en promedio. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC han sido asesinados 219 exintegrantes de esa antigua guerrilla y 976 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. En el transcurso de este año, al menos uno de ellos ha muerto cada día, pese a que en el primer semestre de este año, como resultado de la parálisis de actividades por la pandemia, en Colombia se redujeron 14% los homicidios y el país registró su tasa más baja de ese delito en 46 años: 23.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, considera que el gobierno del presidente Iván Duque ha creado un "ambiente propicio" para que, en medio de la pandemia, continúe "esta masacre que tiene una caracterización política". Ese ambiente, explica, se genera por el desinterés del gobierno y los obstáculos del gobernante partido Centro Democrático (CD) para aplicar los acuerdos de paz con las FARC.
Duque y el CD -fundado por el expresidente Álvaro Uribe- hicieron de su oposición al pacto de paz con las FARC su principal bandera política. Y desde su llegada al poder, en agosto de 2018, han puesto toda clase de trabas para evitar cumplir los principales puntos de ese acuerdo, que puso fin a un conflicto armado interno de 52 años. El ala más radial del CD incluso prometió "hacer trizas" el pacto.
González Posso plantea que no es que exista un "centro asesino" que pague a todos los sicarios que matan líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC: "Pero sí hay una ideología que promueve la justicia a mano propia y el asesinato", asegura. "Es una ideología que desconoce los acuerdos de paz y...
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