La "verdad histórica", basada en torturas
| Autor | Anabel Hernández y Steve Fisher |
Las irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.
Como consta en sus declaraciones preparatorias -de las cuales este semanario tiene copia-, el 25 de noviembre le dijeron al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamauli-pas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJEG a firmar declaraciones prefabricadas.
León Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.
En 2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.
Estuvo asimismo implicado en la Operación Limpieza, iniciada a finales de 2008 por la PGR contra servidores públicos federales acusados de haber trabajado para los hermanos Beltrán Leyva. Entre ellos estaba Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO. Tras cuatro años en prisión fue absuelto y se descubrió que se usaron testigos protegidos para imputarle cargos falsos.
Presuntamente torturado, José Gaspar confesó que trabajaba como halcón para Guerreros Unidos y que el grupo criminal controlaba la plaza. Antúnez, que también denunció haber sido sometido a torturas, afirmó que esa organización estaba detrás del ataque contra los normalistas y que los había llevado a Cocula para incinerarlos; además, acusó a policías municipales de trabajar para la banda delincuencial.
Antúnez señaló al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de tener vínculos con Guerreros Unidos y agregó que por órdenes suyas fue asesinado el líder de la Unión Popular, Arturo Hernández Cardona, en junio de 2013.
Las declaraciones de los dos detenidos están en todas las averiguaciones previas de la PGR relacionadas con el caso, entre ellas la primera, abierta el 5 de octubre: PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014. Los testimonios de los demás detenidos, más de 100, fueron encaminados a afianzar esos dos primeras versiones y no se atendieron otras hipótesis ni líneas de investigación.
Otros documentos que obran en la causa penal 1/2015 muestran que ni la PGJEG ni la PGR tenían pruebas contra José Luis Abarca por el homicidio de Hernández Cardona (Proceso 1999). La acusación de que el...
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