La versión oficial se cae a golpes

AutorAnabel Hernández y Steve Fisher

La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.

Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz "confesó" que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.

Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzi-napa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.

Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.

En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.

En el reportaje "La verdadera noche de Iguala", publicado en su edición 1989, Proceso mencionó que por lo menos cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos: Eury Flores, Francisco Javier Lozano, Napoleón Martínez, Carlos Canto y Raúl Núñez Salgado, cuyo expediente está en la causa penal 48/2014-E-II fueron torturados para que admitieran su participación en el ataque y desaparición de los normalistas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el oficio registrado con folio 17675 al Juzgado Quinto de Distrito en Iguala para solicitar información sobre el estado que guardaba la causa penal 4872014-E-II, así como copias certificadas de los expedientes clínicos.

El 20 de enero pasado el juzgado fue notificado por la PGR que dos días antes se abrió en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la averiguación previa AP/1483/ UEIDAPLE/3/2014 por el delito de tortura de la que pudieron ser víctimas tres de los presuntos delincuentes: Flores, Lozano y Martínez.

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