Las víctimas de Províctima
| Autor | Marcela Turati |
Cuando la comerciante tabas-queña Irma Monroy Torres acudió a las oficinas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) en la Ciudad de México a pedir ayuda porque su familia era perseguida por Los Zetas, fue atendida por un militar al que narró su historia. Y él envió un reporte de su caso... a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña).
"Me pasaron con un coronel que prácticamente no me creyó. Estábamos en contacto por correo electrónico con ese militar que tienen en Províctima y me mandó por accidente un correo que había enviado a la Sedeña, en el que se refería a nosotras, que éramos unas víctimas fingidas, que no nos creía. Eran tres renglones. Pero el correo desapareció de mi cuenta. A mí se me hace que la hacfeeó, porque ya no apareció", dice Irma.
La joven de 27 años que se acredita como egresada de comercio internacional del Tecnológico de Monterrey expone a Proceso la revictimización que su familia sufrió desde noviembre de 2011, cuando rafaguearon en las inmediaciones de su casa al empleado Trinidad Hernández Bautista.
Desde entonces, relata, junto con su madre y su hermana han andado a salto de mata, pidiendo ayuda inútilmente. Fueron desairadas por la procuraduría ta-basqueña, la PGR, la Sedeña, Presidencia de la República y hasta por el organismo creado este sexenio para la atención de víctimas.
Irma Monroy muestra un papel con el logotipo de Províctima, con formato preelaborado, en el cual manifiesta su conformidad "por la asesoría recibida el día de la fecha (24 de febrero de 2012)", que consistió, según admite, en la integración de una averiguación previa y medidas de protección. Pero la engañaron, dice: "Te hacen firmar antes de ayudarte, pero nunca volvieron a recibirme".
No es raro que integrantes de las secretarías de Seguridad Pública Federal, Marina, Defensa y Gobernación, además del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de la República respondan las llamadas telefónicas o atiendan personalmente a la gente que solicita ayuda a Províctima.
La mayoría del personal de esta procuraduría, creada por decreto presidencial en noviembre de 2011 para atender a las víctimas de delitos de alto impacto (secuestros, desapariciones, extorsiones u homicidios) durante la lucha emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico, proviene de las Fuerzas Armadas y de las instancias de procuración de justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles han documentado violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de esas dependencias, que reiteradamente son cómplices o autores de los crímenes que las víctimas denuncian en instancias como Províctima.
Personal castrense
Cuando la reportera solicitó en el conmutador de la dependencia que le hicieran un enlace al área de transparencia, al otro lado de la línea contestó una persona que se identificó como el "teniente Hernández". El militar se disculpó porque transfirieron la llamada a un área equivocada. Entonces se escuchó cuando preguntaba a otro funcionario por la extensión de un tal "teniente coronel", y ahí transfirió la llamada. En otra ocasión contestó a esta reportera un tal "capitán Palafox".
Integrantes de las Fuerzas Armadas están incrustados en altos cargos dentro del organigrama de la instancia que brinda atención a las víctimas.
Todas las solicitudes de información pública sobre el funcionamiento interno de la dependencia son revisadas por el militar Gustavo Baltasar Guerrero, que cuando firma documentos o contesta el teléfono se presenta como "licenciado" y se quita su cargo castrense.
El centro de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba