Violencia y miseria, acicates migratorios en Honduras
| Autor | Rubén Escobar |
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En octubre de 2018, poco después de que miles de hondureños salieran en grupo hacia Estados Unidos, Axel Benjamín Benítez decidió que ya tenía suficiente de vivir sin esperanza y se fue de esta ciudad. Alcanzó a la caravana en Guatemala y, gracias a su juventud, la rebasó y llegó solo a Tapachula. Luego atravesó el territorio mexicano y llegó a Tijuana.
"Estuve bastante tiempo allí. Esperé mi número en la garita, crucé de manera legal, entre comillas. Estuve 10 días en las famosas hieleras. De ahí me trasladaron a un centro de detención en Arizona", refiere el joven de 23 años, que para entonces había iniciado los trámites de asilo.
Estuvo preso seis días en Arizona antes de ser trasladado a Misisipi, donde le hicieron una "prueba de miedo" (aquella en la que se determina si el sujeto tiene un temor razonable de que su vida corra peligro en su país), que salió positiva. Todo apuntaba a que lo dejarían en libertad bajo palabra, pero al día siguiente de conocerse los resultados de la prueba, un agente le comunicó que su proceso había "declinado". Lo llevaron al condado de Stewart, Georgia, donde un juez ordenó su deportación inmediata. El pasado abril fue devuelto a Honduras.
Las razones para irse, dice él, fueron muchas. Se graduó de secundaria en 2016 y desde entonces hasta su salida del país, dos años después, nunca consiguió trabajo estable. Además había sido dirigente estudiantil y en 2018 se reunió con otros compañeros de lucha social en Te-gucigalpa para preparar acciones a fin de demandar mejoras en salud, educación y empleo. Al salir de la reunión fueron fotografiados por sujetos que los observaban desde una camioneta.
El 30 de agosto de 2018 y tras participar en una manifestación, dos de esos jóvenes (Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza, de 18) fueron sacados de sus casas por hombres con uniformes de policías y luego aparecieron muertos. Desde entonces su mente estuvo enfocada en irse del país.
Y es que a criterio de representantes de organizaciones de derechos humanos, a las tradicionales razones para emigrar -pobreza y violencia- se suman las acciones ejecutadas por el gobierno para mantener la estabilidad, consideradas "represivas" por sus opositores.
Mercedes Pérez, directora de la Unidad de Apoyo al Migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), reconoce: "Es penoso, pero tenemos que hacer el llamado al Estado, porque también los ciudadanos son víctimas del mismo Estado a través de la policía, de sus fuerzas militares que están persiguiendo a jóvenes estudiantes, porque se considera un delito protestar y exigir derechos. De esos casos hay muchas personas que se están yendo del país por temor a ser judicializados y hasta masacrados".
Sin certeza electoral
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