"El virrey" y su herencia de sangre

AutorJosé Gil Olmos

Los tres han adquirido enorme poder en el gobierno federal. Castillo Cervantes estudió ciencias penales y criminológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, ciencias políticas y administración pública en la Iberoamericana y economía financiera en la Escuela Bancaria y Comercial.

Recién nombrado titular de la Conade el jueves 16, ha sido cercano colaborador de Peña Nieto desde 2011, cuando en el Estado de México sustituyó en la Procuraduría General de Justicia a Alberto Bazbaz, defe-nestrado tras su fracaso en la investigación de la muerte de Paulette Gebara Farah.

Antes, en 2002, fue director de Planea-ción Estratégica de la Agencia Federal de Investigación (AFI), posteriormente director de Servicios de Seguridad Privada en la Secretaría de Seguridad Pública y luego subprocurador regional del municipio mexi-quense de Cuautitlán Izcalli.

El 20 de mayo de 2013 saltó a la Procuraduría Federal del Consumidor donde sustituyó a otro miembro del equipo peñista: Humberto Benítez Treviño, quien se vio envuelto en el escándalo provocado por su hija Andrea Benítez. En enero de 2014 Castillo llegó a Michoacán como comisionado nacional de Seguridad y estuvo ahí un año. Hoy está al frente de un organismo deportivo, un ámbito en el que incursiona por primer vez.

Cifras de la violencia

Castillo llegó a "coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano", pero en realidad se comportó como "virrey" -señalan sus críticos- y actuaba por encima del gobernador y del Congreso local.

Lo mismo formuló y ejecutó políticas para la prevención de delitos que acciones encaminadas a la reconstrucción de tejido social y al fortalecimiento de las instituciones; también dispuso, ordenó y coordinó acciones de apoyo de fuerza pública federal; solicitó el auxilio de las Fuerzas Armadas; recibió a los delegados, comisionados y representantes del Ejecutivo federal asentados en la entidad.

Tenía facultades incluso para solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los miembros de organismos federales en Michoacán y para celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales y municipales.

Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para "servicios personales" y el resto para "gastos de operación", según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la...

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