El "Watergate" de Rajoy

AutorAlejandro Gutiérrez

MADRID.- Durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), el Ministerio del Interior español echó mano de algunos miembros de la Policía Nacional, quienes actuaron al margen de la ley, espiaron y robaron pruebas -que documentaban el financiamiento ilegal al Partido Popular (PP)- que estaban en poder de Luis Bárcenas, el gerente y tesorero del partido durante unos 20 años.

El pasado 9 de septiembre el juez José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, levantó el secreto del sumario de la denominada Operación Kitchen, y destapó la podredumbre de la policía política española bajo las órdenes de un gobierno del PP.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputó al ministro del Interior y hombre de la más absoluta confianza de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, aunque no vio indicios suficientes para imputar a la exnúmero dos del PP, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, ni a su marido, Ignacio López del Hierro.

Por ser "necesaria, útil y pertinente", el juez ordenó la comparecencia de Fernández Díaz para el próximo 30 de octubre, porque las pesquisas sitúan al Ministerio del Interior como el núcleo "desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro".

Hasta ahora la fiscalía no ve indicios suficientes para imputar al expresidente Mariano Rajoy, pese a que un informe policial del caso, en el que se le señala con la clave del "Asturiano", lo considera conocedor del operativo de espionaje.

El caso es de tal calado que el diario El Mundo lo considera el "Watergate español".

Y es que la Audiencia Nacional investiga desde hace años el funcionamiento de la "caja B" del PP durante aproximadamente dos décadas.

El viacrucis del PP por sus casos de corrupción política se inició en noviembre de 2007, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó la investigación -el caso Gürtel- de una red de corrupción política en Madrid y Valencia, principalmente, que luego denunció en la Audiencia Nacional en febrero de 2009.

Como una derivación de este caso surgió el de los Papeles de Bárcenas, que contenía la contabilidad alterna del partido, al margen del Tribunal de Cuentas y del fisco: el pago de sobresueldos a altos dirigentes del partido con dinero negro proveniente de sobornos pagados por empresarios y constructores, que a cambio fueron beneficiados por contratos de obras y servicios de los gobiernos del PP.

En el auto del magistrado se señala que "el objetivo de la investigación Kit-chen se centró en la localización de documentos" en poder de Bárcenas vinculados a los llamados Papeles de Bárcenas. Esta operación de la policía política tenía el propósito de recuperar dichas pruebas para que no llegaran a manos de la justicia, objetivo que se cumplió.

La brigada que actuó sin control judicial la encabezaban los principales mandos del Ministerio del Interior, entre ellos Fernández...

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