Yucatán prohibe los transgénicos
MÉRIDA, YUC- En medio de la batalla legal que comunidades mayas, empresarios, académicos y activistas de la península libran contra la trasnacio-nal Monsanto e instancias federales para frenar la llegada de semillas transgénicas a la región, el gobierno de Yucatán decretó a la entidad "zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados".
En su decreto 418/2016, publicado el pasado 26 de octubre en el Diario Ofiáal del Estado, el gobernador Rolando Zapata Bello fundamenta la necesidad de "aplicar el principio de precaución ante el daño mo-ralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos".
La determinación -se asienta en el mandato de 12 hojas- se tomó "por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones, y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milpe-ros o apicultores; la consulta previa, libre e informada; el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como al derecho humano a un ambiente sano".
Para Xavier Moya, coordinador del Proyecto de Apoyo a la Reducción de Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el decreto yucateco "es de gran trascendencia porque hace un análisis de la situación muy completo". "Nosotros, como proyecto de prevención de riesgos de las Naciones Unidas, valoramos mucho cuando los gobiernos toman decisiones preventivas, y este decreto nos habla de un gran riesgo que afectaría a Yucatán, particularmente a la mitad del estado, en su mayoría zonas rurales, donde predominan las comunidades indígenas", resalta.
Él exalta los "dos grandes principios" en que se basa la disposición: el criterio precautorio ante el peligro de los transgenicos y el retorno a la agricultura orgánica, que hará de Yucatán líder en este tipo de siembras libres de agrotóxicos, que si bien pueden generar menores rendimientos, tienen demanda alta en mercados donde se puede pagar por ellos.
El representante internacional hace un llamado a los estados vecinos a seguir ese ejemplo, porque la península está interco-nectada ambiental, social y culturalmente, y los daños que se generen en uno impactan en los otros. El reto ahora es "convertir en política pública y viable ese decreto".
Los sectores involucrados en el movimiento antitransgénicos, que celebran la medida tras una lucha que ya dura cinco años y ha llegado hasta la ONU y el Tribunal
Internacional de La Haya, temen que ésta llegue a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ésta invalide el decreto, pues la bioseguridad y la...
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