Zona submetropolitana / Seguridad interior

En México, la guerra contra el narcotráfico se extendió a centenares de frentes y aparecieron muchos casos con severas violaciones a los Derechos Humanos por parte de los militares.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) han apoyado a las autoridades civiles en la seguridad pública y entraron en lugar de los policías.

Para ello se ha preparado una Ley de Seguridad Interior.

¿Servirá?

El PRI apoya la creación de esta Ley. Algo oscuro debe tener si la apoyan los priistas.

A continuación le presento algunas ideas del investigador Alejandro Madrazo, del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) a este respecto.

Es parte de un video que aparece en You Tube.

ALGO DE HISTORIA

En 2008, el Congreso revisó el marco constitucional para focalizar el marco de combate a la delincuencia organizada (entre otras cosas).

Ahí se hizo una modificación al artículo 21 de la Constitución en donde se señaló que la seguridad pública debía estar a cargo de órganos civiles.

Las fuerzas armadas ya no podrían realizar labores de seguridad pública, ni siquiera auxiliarmente, desde el 2008.

El problema es que el presidente Calderón ignoró ese mandato constitucional y lo mismo hizo el presidente Peña y mantuvieron a las FFAA realizando labores de seguridad pública.

El resultado es visible, con catastróficos resultados. Tanto en materia de seguridad como en violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy en día, tras el reclamo del general Cienfuegos para conseguir un marco de regulación para las actividades de las FFAA, el Congreso pretende, con la etiqueta de "Seguridad Interior", crearle un marco jurídico.

El problema es que las acciones que realiza son de seguridad pública... se les llame como se les llame.

Lo que quieren hacer con esto, es darle la vuelta a la Constitución. Ignorar el mandato del artículo 21 constitucional, que dice que las funciones de seguridad deben ser manejadas por grupos civiles.

Es peligroso, porque demerita los valores constitucionales expresos y confirma la idea de que la ley no cuenta en este país, y que los políticos y la política deciden lo que sucede y no el derecho.

Eso es grave para la construcción de un Estado de Derecho a largo plazo.

Pero también es peligroso, porque los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos.

No se trata de una política nueva. Llevamos 10 años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país.

En esos 10 años ni las FFAA, ni el Ejecutivo Federal, han rendido cuentas claras, ni al Congreso, ni...

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